Texto: Godo de Medeiros | Imagen WildPress: RRSS
María Elvira Salazar, periodista y diputada estadounidense de origen cubano, ha salido en defensa de los poderes ocultos que administran los asuntos legislativos y judiciales en Guatemala al pedir al canciller, Marco Rubio, que reprenda a los funcionarios de su embajada en el país centroamericano por supuesta injerencia en la elección de Fiscal General (FG), Contralor General de Cuentas (CGC) y magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) previstas para 2026.
Conocida por su devoción a grupos extremistas de Miami, Bogotá y Caracas, por su simpatía con las ideologías supremacistas y por su odio enfermizo hacia Cuba, la otrora corresponsal de Univisión no ha disimulado su arrogancia al sugerir a Donald Trump que se entrometa en los asuntos internos de Guatemala para garantizar la inamovilidad de las estructuras criminales que podrían ser desplazadas en un eventual giro de timón de quienes integrarán las comisiones de postulación que escogerán a las personas que ocuparán las instituciones arriba mencionadas.
Habiendo ejercido el periodismo y habiendo también cultivado relaciones estrechas con organismos de inteligencia en Estados Unidos y América Latina en los años ochenta y noventa del siglo pasado, María Elvira Salazar tendría que saber que la fiscal general María Consuelo Porras ni siquiera reunía los requisitos cuando Sammy Morales la designó en el cargo la primera vez y que luego fue incluida de facto por la CC en una lista para que Alejandro Giammattei la ratificara para un segundo periodo.
No está demás recordar que la misma CC que obligó bajo amenazas a la postuladora para que incluyera a Porras en el listado de aspirantes a la fiscalía para ese segundo mandato fue integrada también de facto y al menos tres de sus cinco magistrados titulares no llenaron siquiera los requisitos que la ley establece para postularse a una magistratura constitucional. ¿Dirá María Elvira que desconocía estos detalles? ¡Sinceramente lo dudo! Ella fue una de las acérrimas defensoras del gobierno de Jimmy Morales y luego de Alejandro Giammattei a través de las iglesias neopentecostales aliadas del Partido Republicano.
En este punto se le recuerda a la representante republicana que fue precisamente durante los gobiernos de Morales y Giammattei en que el crimen organizado amplió su margen de maniobra al ser desmantelada una instancia de Naciones Unidas contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, al tiempo que las expresiones neopentecostales de la Iglesia Evangélica se incrustaron en el Estado promoviendo incluso una legislación favorable al lavado de dinero y otros activos. ¿Que esto tampoco lo sabía María Elvira? ¡Lo dudo también!
El enfado de la congresista sin embargo no es en contra de las estructuras criminales que dejaron en la administración pública aquellos nefastos gobiernos sino contra los funcionarios de la embajada estadounidense en Guatemala que tímidamente se habrían pronunciado hace unos días luego de que un grupo de mercenarios judiciales intentara defenestrar al gobierno de Bernardo Arévalo por medio de un Golpe de Estado típico de la estrategia de guerra jurídica (Lawfare).
Bernardo Arévalo ganó la presidencia de Guatemala limpiamente por obra y gracia del azar en unas elecciones de 2023 en las que solamente pudo haber existido fraude en las boletas para la alcaldía de la Ciudad de Guatemala. Pero esta es otra historia. Lo cierto es que el partido Movimiento Semilla ganó legítimamente. No obstante, los poderes ocultos inventaron una trama tan absurda como desquiciada para impedir que tomara posesión y tras fracasar en la tentativa han continuado con el libreto para impedir que en 2026 el mandatario ponga a un Fiscal General contrario a los intereses de las mafias y nombre al menos a dos magistrados decentes en la CC.
En términos reales, Arévalo no representa peligro alguno para los intereses de las mafias, puesto que está totalmente cercado por burócratas que venían trabajando desde la administración de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Cuando mucho, Bernardo Arévalo tendrá a siete o nueve personas leales en su gabinete. El resto es una caterva de cobardes y oportunistas que indistintamente sirven a Dios y al Diablo.
Con la muerte lamentable del periodista Ronaldo Robles antes de las elecciones generales y el también lamentable y prematuro aislamiento de Haroldo Sánchez del mando estratégico de la comunicación oficial cuando por fin Arévalo pudo tomar posesión, el gobierno se quedó prácticamente aislado del pueblo, porque sus comunicadores (mayoritariamente leales a Morales y Giammattei) son incapaces de reaccionar a la embestida de los mercenarios cibernéticos (Mercibers) que dominan con gran habilidad los contenidos en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Algo, no obstante, hay que decir en descargo de la espigada periodista y diputada. Y es que su defensa de los poderes fácticos de Guatemala tiene lógica en tanto que son éstos, junto con los migrantes que envían remesas desde Estados Unidos, quienes aportan el 85% de la economía nacional a través de actividades relacionadas con la trata de personas, el trasiego de indocumentados y el tráfico de estupefacientes, cuyos dineros nutren las cuentas de poderosos grupos en Miami que financian las campañas políticas de demócratas y republicanos.
María Elvira Salazar sabe perfectamente que la economía ilícita es la que prevalece en países como Guatemala, en donde las élites económicas tradicionales no invierten un solo centavo de sus ganancias, optando por trasladarlas a España, República Dominicana y Estados Unidos, entre otros destinos, razón por la cual quienes producen el dinero ilícito necesitan diputados, jueces y magistrados que les hagan leyes a la medida y les garanticen impunidad.
Salazar le haría un enorme favor a Guatemala si le exigiera a su canciller y a su presidente el retiro no solo de sus funcionarios sino el cierre definitivo de su embajada que tanto daño ha causado a la población de este territorio al que Estados Unidos invadió en 1954 y a raíz de lo cual el pueblo padece todavía las nefastas consecuencias de haber derrocado al único gobierno que ha valido la pena, el de Jacobo Árbenz, sucesor de Juan José Arévalo, padre del actual presidente de Guatemala que lejos de dedicarse a gobernar desde su juramentación se la ha pasado en vilo día y noche pendiente del siguiente ataque y de cómo defenderse en un sistema judicial que le es totalmente adverso.
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