Es difícil imaginar cómo hubiera reaccionado el general Efraín Ríos Montt al verse traicionado por personajes desagradecidos y miserables que le deben todo cuanto son y cuanto tienen y aún así vaciaron en la letrina de la democracia dos de las instituciones que aquél concibió y perfiló entre 1982 y 1983: El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC).
Cría cuervos y te sacarán los ojos pareciera ser la metáfora que mejor se adapta al caso del que nos ocuparemos.
De 2000 a 2004, Guatemala fue gobernada por Alfonso Portillo Cabrera y Francisco Reyes López, elegidos como presidente y vicepresidente, respectivamente, por el partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), fundado por Ríos, con un espectro amplio de cuadros políticos, profesionales y técnicos que oscilaban entre la izquierda y la derecha, incluyendo la amplia amalgama de sectores del centro ideológico como los democristianos y socialdemócratas.
Contrario a lo que muchos opinan, el FRG tuvo como característica peculiar una postura antioligarca y antimonopolista, de manera encubierta o resueltamente abierta, y no precisamente abanderada por Portillo sino por Reyes, un empresario exitoso que había pertenecido al vetusto Cacif.
Con Ríos como presidente del Legislativo, aquel partido, catalogado de derechas, impulsó una agenda con un contenido social y democrático que la mayoría de organizaciones populares y gremiales no quisieron o no pudieron reivindicar como propias y aprovechar la apertura para revertir hasta donde fuera posible el nefasto legado del gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen y el Partido de Avanzada Nacional (PAN), reconvertido en el también nefasto Partido Unionista (PU).
Increíblemente (o lógicamente, quizás) las organizaciones populares y gremiales se aliaron con la extrema derecha y acabaron, eso sí, lógicamente, siendo los tontos útiles de los intereses del enemigo histórico del pueblo. De ahí que la figura de los Comités de Desarrollo, por ejemplo, haya acabado en una caricatura cuyos protagonistas son personajes sin visión y ambición más allá de la lógica de cualquier ser vivo que traga y expulsa lo que va encontrando en la línea de tiempo que va de la vida a la muerte.
Pero aquello ya es historia y lo que nos preocupa no es lo que pudo ser y no fue, sino lo que por desgracia quedó.
Durante el gobierno del FRG cobraron protagonismo quienes hoy, en calidad de magistrados, ejercen el poder absoluto desde la CC, arrogándose funciones propias de los organismos Ejecutivo y Legislativo, que dicho sea de paso no tienen razón de existir cuando los que hacen y deshacen son los magistrados constitucionales. ¡La CC es el Gobierno!
Los magistrados Luis Rosales, Roberto Molina, Nester Vásquez, Héctor Pérez y Leyla Lemus abrevan del FRG, del círculo aceptado por la familia Ríos Sosa y de las instituciones estatales que controló aquel partido entre 2000 y 2004. Lemus sería la más brillante y astuta de ese grupo y Vásquez el más taimado y mañoso. Molina ha tenido el descaro de usar su posición para gestionar plazas para sus hijos y otros familiares. ¡Qué vergonzoso legado! Pérez también ha hecho lo suyo en tal sentido y la información no me la estoy inventando. Consta en numerosas publicaciones de medios de comunicación como el independiente Vox Populi.
Que estos personajes utilicen la institución y sus cargos para destruir vidas y reputaciones y enriquecerse a costas del erario es la regla y no la excepción en un país corrupto como Guatemala. Pero no es nada gracioso, porque es el pueblo la víctima no solamente del latrocinio sino de las decisiones al margen del texto constitucional que se supone sigue vigente, pero que en la práctica dejó de tener sentido y valor desde el momento en que estos magistrados se colocaron por encima de la propia Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), imponiendo al Ejecutivo y al Legislativo sus caprichos y asumiendo sus funciones.
Estos magistrados prácticamente redujeron a nada al TSE, delegando a los tribunales ordinarios las funciones constitucionales y supremas de aquella institución por la que Ríos incluso marcó distancias con Arturo Herbruger Asturias, acaso el primer y último Presidente del tribunal electoral digno de ser recordado como tal.
Gracias a la CC, el juez riosmonttista Fredy Orellana orinó y defecó sobre la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), convirtiendo al TSE en un retrete público.
Los pueblos originarios organizados en el Movimiento Político Winaq y en el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) vienen planteando desde hace varios años una reforma profunda del Estado. Y tienen razón. El sistema republicano de tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) lo abolió de hecho la Corte de Constitucionalidad, que tampoco demostró ser la solución en estos años que lleva ejerciendo el poder absoluto en nombre de los poderes ocultos.
Lemus, Vásquez, Rosales, Molina y Pérez, como presidentes de Guatemala en funciones, son en realidad los responsables de todos los problemas de la administración pública actual. Por ellos están en mal estado las carreteras; por ellos la educación pública es una miseria y el sistema de salud un sarcasmo; por ellos la ciudadanía no tiene derechos y las leyes las interpretan los jueces y fiscales como se les ronque la gana; por ellos es que existe la violencia desenfrenada en las calles.
¡Quién con una luz se pierde!
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