Texto: Godo de Medeiros | Imagen RRSS: Portada Prensa Libre
Como igualado o igualada solía calificarse no hace mucho en Guatemala a la persona que aspiraba a parecerse a otra de mejor posición en el estamento económico, político o cultural. El adjetivo encerraba un violento desprecio incluso contra quienes batallaban a conciencia y con decencia por salir de la opresión económica a la que eran sometidos por un grupo no mayor de 12 familias herederas de fortunas acumuladas a base del despojo y el trabajo esclavizado de los pueblos ancestrales.
En distintos momentos históricos, el igualado jugó un papel protagónico.
Durante la invasión fue el delator que señaló a los matones de Pedro de Alvarado por dónde era mejor emboscar a los compadres de enfrente; en la Independencia fue quien se arrimó a los Aycinena y creó el manual de comercio que aún en nuestro tiempo mantiene descalzo al que siembra y produce y al intermediario en caballo blanco; en la Revolución de Octubre, ya se sabe, fue el traidor del programa de desarrollo y progreso que impulsaron Arévalo y Arbenz.
Con todo, el igualado nunca logró materializar su sueño de convertirse en una más de las familias acaudaladas. Y menos aún cuando aquéllas, lejos de expandirse como el lavado de dinero o el tráfico vehicular del día a día en la Ciudad de Guatemala, se redujeron a solo 8.
Sería entre las décadas de 1970 y 1980, en pleno conflicto armado, cuando el igualado sentó las bases de su futuro valiéndose de la astucia de dos terribles personajes: Jorge Zimeri-Safie y Donaldo Álvarez Ruiz. Ambos trazarían, sin proponérselo acaso, la hoja de ruta para la cooptación de los partidos políticos y las instituciones estatales.
Notas de prensa de la época dan pistas sobre la manera en que sacaron provecho de la existencia de grupos subversivos para inculparlos por acciones que en realidad no cometieron, haciendo prevalecer el refrán: "En río revuelto, ganancia de pescadores".
Pero las tácticas contrainsurgentes no se limitaron a operaciones de bandera falsa o a desinformar descaradamente, sino a infiltrar al aparato estatal y a grupos privados estratégicos, de modo que se tuviera ojos y oídos en todas partes y a toda hora.
Aquella lógica permitió un control riguroso de las actividades gremiales en general, facilitando su posterior cooptación de la que resultarían falsos dirigentes populares que con los años llegarían a ser alcaldes, jueces, fiscales, magistrados, diputados, presidentes o importantes funcionarios gubernamentales devenidos en actores corruptos que hoy día justifican el atraso y el subdesarrollo de Guatemala escudándose en el machacado argumento según el cual "la oligarquía no permite hacer cambios estructurales", lo cual no deja de ser cierto en parte, pero no absolutamente.
Zimeri-Safie y Álvarez Ruiz impusieron sutilmente a la oligarquía una cuota por los servicios prestados mediante el exterminio de comunidades campesinas e indígenas y la aniquilación de revolucionarios, contestatarios, intelectuales o progresistas.
Y gracias a que hubo sobrevivientes entre aquella amalgama de seres humanos mayoritariamente desarmados e inocentes, lo más avanzado del conjunto abandonó el país o se limitó a sobrevivir en campamentos de refugiados en zonas fronterizas, en las montañas inhóspitas o en refugios urbanos. El terror paralizó a la inteligencia y su lugar fue ocupado por gente incapaz nombrada por los comisionados militares, por los servicios de inteligencia y posteriormente por los diputados, quienes hasta la fecha son causantes de la sobrepoblación de plazas en el Estado.
Paradójicamente, un general fogueado en las masacres y el genocidio de los pueblos ancestrales intentó poner trancas a los igualados, creando instituciones, según él, fuertes e independientes para redirigir al Estado hacia formas de convivencia social menos salvajes, digamos, como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC) que su propio alumnado y feligresía se encargarían de destruir unos años después y a los que quizás hubiera hecho pasar por las armas tras condenarlos en tribunales de Fuero Especial ante la gravísima falta de respeto hacia su legado.
En la década de 1990, los dueños de la patria del criollo empezaron a ver las muecas de sus propias criaturas de laboratorio. Y pese a que un antiguo socio llegó a la presidencia para desmantelar las empresas estatales y reducir al mínimo la institucionalidad pública, las élites acabaron aceptando convivir como socios de los igualados, a quienes arrendó el CACIF y algunas cámaras empresariales para que echaran músculo en los negocios. ¡Quién lo diría!
De esta manera, el igualado logró por fin el estatus deseado durante siglos y es ahora el que toma las decisiones de trascendencia nacional e internacional. Ni siquiera la figura del Presidente de la República tiene incidencia en cuestiones estratégicas como la educación, la salud, el deporte y la cultura.
El CACIF elige a los ministros y ministras y a los presidentes del Banco de Guatemala y de las superintendencias de Bancos y de Administración Tributaria; la Fundación Contra el Terrorismo, por lo que se percibe, tiene en usufructo el Organismo Judicial (OJ), el Ministerio Púbico (MP) y las cortes Suprema de Justicia y de Constitucionalidad, aunque sus autoridades son pagadas con fondos públicos, pero nombradas por estructuras invisibles que financian a la mayoría de candidatos a cargos de elección popular.
El IGSS, que debiera servir a toda la población, afiliada o no, es administrado por los gestores de los intereses de las compañías farmacéuticas transnacionales y por los dueños de los hospitales privados que sin los afiliados que remite la institución ya no existirían por falta de clientes de las élites tradicionales que prefieren los hospitales estadounidenses o europeos.
Viendo las cosas de este modo, uno acaba entendiendo por qué los mejores ciudadanos de este país rechazan involucrarse en política partidista, dejando el espacio a los malhechores (¡claro!, hay excepciones).
Asimismo, uno acaba comprendiendo por qué los más probos e ilustres abogados no están en los juzgados y en las cortes o sencillamente no están en Guatemala.
El escenario devastador al que nos enfrentamos, no obstante, debería de servirnos como estímulo para estudiar la formación social guatemalteca. Y, apalancados de pronto por la idea de que nada es eterno, excepto el Coliseo de Roma, desempaquemos nuestra imaginación, sabedores de que entre tanto cachivache siempre aparecerán piezas útiles.
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