Un
epílogo es una especie de necropsia a través de la cual el equipo médico
forense disecciona un cadáver para determinar con precisión las causas de la
muerte de una persona, mas no los motivos, que las más de las veces suelen ser
tan variados como indescifrables.
Pero tratando de condescender con
la avidez de los lectores que han tenido la amabilidad de llegar hasta este
remanso, convencidos, a lo mejor, de que Guatemala ya no tiene remedio o, por
el contrario, que sí lo tiene después de doscientos y pico de años de estar con
el fango hasta el cuello, trataremos de acercarnos no solamente a las causas
sino también a los motivos del desmantelamiento de la legalidad e
institucionalidad de este país en los ocho años en que el personaje central,
Consuelo Porras, flanqueada por un reducido pero malévolo equipo de
colaboradores, estuvo al frente del Ministerio Público (MP).
Y es que, tal y como los autores
de este libro la describen, la Fiscal de la Impunidad se vendió como una
inocente criatura de Dios y acabó convertida en un demonio para centenares de
personas cuyas vidas se vieron de pronto en medio de un mar de pesadillas y sin
posibilidad de rezarle a ningún santo que llegará en su auxilio.
Perversidad, alevosía, ferocidad.
Todo en uno y sin recargo por entrega a domicilio.
Al empezar la inspección de aquel
legado de impunidad, lo primero que salta a la vista es un patrón con doble
rasero basado en un denunciante sin rostro que permite armar un caso a partir
del cual se pide una o varias órdenes de captura a un grupo singular de jueces
para que una vez ejecutadas las detenciones se declaren los casos bajo reserva,
se deniegue la información a los sujetos procesales, se dicte prisión
preventiva, se pospongan periódicamente las audiencias, manteniendo a los sindicados
en la cárcel más allá de los plazos que dicta la ley, abusando posteriormente
de la figura de aceptación de cargos para que de esta manera las deficiencias y
chambonadas en la confección de casos violatorios del debido proceso adquieran
legitimidad al conseguir que los imputados se declaren culpables de haber hecho
lo que no hicieron.
En sentido inverso, este patrón ha
beneficiado a decenas de exfuncionarios de gobierno, dirigentes políticos,
militares y empresarios a quienes los tribunales habían condenado por casos de
corrupción, malversación de fondos, cobro de sobornos, financiamiento electoral
no declarado o por violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de
lesa humanidad y delitos contra los deberes de humanidad.
Los
orígenes
En el ocaso de la década de 1980, Estados
Unidos y la Unión Europea acordaron impulsar la pacificación de la entonces
convulsa Centroamérica, para que sus empresas pudieran hacer mucho dinero con
los recursos naturales de los países en conflicto, particularmente El Salvador
y Guatemala.
Y en el caso de Guatemala, que es
el que nos ocupa, los altos mandos militares y sus organismos de inteligencia
supieron leer correctamente el futuro, lo que no fue capaz de hacer su
contraparte, la guerrilla, y diseñaron los planes para sobrevivir en un
escenario posconflicto. Aquello daría origen a partidos políticos,
universidades, centros de estudio y análisis de los problemas nacionales,
medios de comunicación y, por supuesto, profesionales de las ciencias jurídicas
y sociales que luego acapararon los puestos de decisión en las altas cortes y
tribunales.
Tan temprano como en 1982, el
general Efraín Ríos Montt había sido llamado a liderar el gobierno tras un
golpe de Estado.
Paradójicamente, aquel militar, que en 1973 fuera
proclamado candidato presidencial del Frente Nacional de Oposición, una
coalición de izquierda ampliada con socialcristianos y socialdemócratas,
gracias a su singular carisma y al hecho de tener una visión de Estado más allá
de la confrontación ideológica, sería el artífice de la institucionalidad
democrática que luego sus propios familiares, amigos y simpatizantes se
encargaría de destruir con total desvergüenza.
Ríos Montt colocó los cimientos
del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al que dotó de autonomía y dio rango
constitucional para que no estuviera supeditado a ninguna autoridad. Del mismo
modo, la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Procuraduría de los Derechos
Humanos (PDH) derivarían, por increíble que parezca, de la visión de aquel
hombre de armas condenado por genocidio el 10 de mayo de 2013, siete años
después de que se instalara en el país la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG) en el gobierno del empresario Óscar Berger.
Aquella condena, sin embargo,
desataría los demonios y organizaciones como la Asociación de Veteranos
Militares de Guatemala (Avemilgua), fundada en 1997, un año después de la firma
de los Acuerdos de Paz, renovaría su protagonismo y, como parte de su
desarrollo, incidiría en la constitución de las beligerantes Liga ProPatria,
Fundación Contra el Terrorismo (FCT) y Guatemala Inmortal.
Las
causas
A raíz
de la sentencia condenatoria contra Ríos Montt, en los círculos de oficiales
que participaron en el conflicto armado interno creció el temor de ser
alcanzados por los tribunales, por lo que activaron sus nexos en el Congreso de
la República y en las universidades pública y privadas del país para garantizar
que las Comisiones de Postulación eligieran a sus abogados afines para ocupar
cargos en el Organismo Judicial (OJ), en la CC, en el MP y en el TSE.
Y si bien no hay nada de ilegítimo
o ilegal en promover candidatos para las instituciones públicas, los métodos no
fueron necesariamente éticos o transparentes, lo que daría origen, por lo que
puede leerse entre renglones a lo largo de este documento, a una catastrófica
reducción de las instituciones públicas a meros locales comerciales,
convirtiendo de hecho la carrera de ciencias jurídicas y sociales en
instrumento para salir de la pobreza de un día para otro mediante el tráfico de
influencias y la venalidad de la ley.
Esto habría de provocar que la
CICIG se ocupara de investigar a las estructuras organizadas alrededor del
mercado de puestos en los organismos estatales, la normalización del cobro de
coimas para autorizar contratos públicos y otros actos reñidos con la ley y las
buenas costumbres, llegando a evidenciar a dirigentes políticos y empresarios
que al verse contra la pared pusieron sus chequeras sobre la mesa para gastar
cualquier cantidad con tal de sacar a la CICIG del país.
Jimmy Morales sería el responsable
de acometer la misión y Consuelo Porras la encargada de desatar, bajo la
orientación de la FCT, la guerra jurídica o LawFare, un método de
criminalización ampliamente utilizado en América Latina que va acompañado de
las FakeNews o noticias falsas que en esencia constituyen un mecanismo
de linchamiento mediático basado en la difamación a gran escala en las
plataformas sociales por las que miles o quizás millones de personas alrededor
del mundo han acabado suicidándose.
Por cierto, el libro abre con
estas palabras: “En la historia de Guatemala figuran personajes que bajo el
paraguas de la religión han justificado sus acciones en beneficio de la
corrupción. Algunas de estas personalidades opacas que invocan a Dios por
reflejo condicionado han ocupado cargos en el sistema judicial. Y en la
búsqueda de una supuesta justicia, como ellos le llaman, cometen ilegalidades.
Una de estas personas, que se justifica en un poder divino para cometer constantes
violaciones a los derechos humanos, es la Fiscal de la Impunidad, María
Consuelo Porras Argueta”.
Amparándose en la burda excusa de que “la
CICIG cometió abusos”, con fe ciega e inquebrantable, Porras
emprendió la cacería despiadada contra fiscales, jueces, activistas de derechos
humanos, periodistas y exfuncionarios de la comisión internacional a las pocas
semanas de haber sido elegida como fiscal general, en un parangón con el
babilónico ojo por ojo, diente por diente.
Su actitud pareció la de alguien
sediento de venganza y no de justicia. Y cuando la sensatez demandaba corregir
y mejorar, se dedicó a renegar los avances de la lucha contra la corrupción y
la impunidad, desmantelando los equipos internos del MP y estimulando la
desinformación para difamar y confundir a la opinión pública en un acto
desvergonzado cuya percepción inmediata fue que los directores y mecenas del
espectáculo estaban obrando con tal perversidad para denigrar la imagen de las
mujeres y de los pueblos indígenas.
Pronto causarían repugnancia las
decisiones de Consuelo Porras, Silvia Patricia Valdés, Dina Josefina Ochoa,
Shirley Rivera y Leyla Lemus, colocadas estratégicamente en la cumbre de las
instancias judiciales y organismos de Estado, así como las de Rafael Curruchiche,
convertido en el verdugo de los pueblos indígenas.
¿Había en aquello un propósito deliberado o
simplemente fue una coincidencia surgida del inconsciente machista y racista
que prevalece en la sociedad guatemalteca, particularmente en las élites que
habían quedado expuestas por sus prácticas corruptas con las que en el devenir
del tiempo han amasado sus fortunas? No lo podemos determinar.
Algo, no obstante, merece la pena
traer a cuento. Y es que entre las decenas de imputados y procesados por actos
reñidos con la ley, el hecho de que el general Otto Pérez Molina se haya
presentado ante los jueces es algo inquietante, pues recordemos que él fue
quien eligió a Thelma Aldana como fiscal general y al encarar las consecuencias
de sus actos ante los tribunales demostró que las investigaciones del MP y la
CICIG eran correctas.
Caso contrario a Jimmy Morales y
Alejandro Giammattei, expresidentes ambos, quienes se atrincheraron en las
enaguas de las funcionarias mencionadas para procurarse impunidad. Estará por
verse si Curruchiche tendrá los arrestos necesarios para rendir cuentas de sus
actuaciones.
Sustancias
tóxicas
Entre
los hallazgos fundamentales de los periodistas Marvin Del Cid y Sonny Figueroa
se encuentran los daños irreversibles que la Fiscal de la Impunidad produjo en
el sistema jurídico guatemalteco, comenzando por la pérdida absoluta de
credibilidad en el MP, institución responsable de la persecución penal, en
donde 7 de cada 10 denuncias son archivadas o desestimadas, según datos de
dominio público.
Pero lo más grave fue que Porras
devolvió al MP a las prácticas anteriores a 1994, desempolvando el método
inquisitivo en lugar de emplear el sistema acusatorio que supuso un salto
cualitativo cuando aquel año fue desvinculado de la Procuraduría General de la
Nación (PGN) para convertirse en un ente autónomo.
En un paralelismo con los años del
oscurantismo más tupido, la administración de Porras empata de algún modo con
los abusos que la historia registra de los periodos de Jorge Ubico y de los
regímenes militares a partir de 1954, si bien no estrictamente en los métodos
aplicados sino en las variantes.
El “fusílenlo y después investigan” del
dictador Jorge Ubico encajaría con los casos en que el MP de Porras ha pedido
la prisión preventiva tan solo porque a un “ciudadano anónimo” se le
ocurrió que X o Y persona podría haber hecho tal o cual cosa.
Asimismo, el tenebroso boletín del Consejo
Anticomunista de Guatemala o del Ejército Secreto Anticomunista de los años de
mayor violencia estatal y paraestatal cobró vigencia en la cuenta de redes
sociales denominada ¡Yes, Master!, desde la que se ha difamado,
intimidado y amenazado a decenas de personas en una acción típica de comandos
de operaciones psicológicas.
Al asumir la promoción y defensa de las
acciones del MP, del OJ y de la CC, divulgando incluso información confidencial
o sensible en poder exclusivo de aquellas instituciones, la citada cuenta
digital se convirtió abiertamente en un órgano propagandístico operando de
manera clandestina sin que ninguna autoridad se molestara por tomar distancia o
por iniciar una investigación por tratarse de una actividad criminal.
Sin duda alguna, el irrespeto al Código Penal,
Código Procesal Penal y a la propia Constitución fue la regla y no la excepción
a lo largo de los dos periodos de Porras, quien pasará a la historia, además,
por haber despojado al TSE de su autonomía y supremacía en materia electoral y
de partidos políticos.
Las
víctimas y la reparación
En el
prontuario concerniente a las heridas profundas y cicatrices imborrables, daños
colaterales y daños a terceros, no podemos soslayar un hecho que puede ser útil
a las generaciones futuras de abogados que quieran tomar distancia de las
actuales. Y esto es volver a ver al ser humano como sujeto de derechos y
obligaciones, como un ser provisto de una dignidad. Pero, sobre todo, volver a
los principios de honradez, decencia y honorabilidad.
Sin entrar en consideraciones acerca de si es
la genética o el entorno social lo que determina la manera en que procedemos
los individuos, no podemos prescindir de la posibilidad de la redención o
reivindicación.
Cuando Thelma Aldana e Iván Velásquez
estuvieron al frente del MP y de la CICIG, respectivamente, establecieron un
patrón mediante el cual los días jueves exponían los nuevos casos que sus
actividades inherentes les permitían avanzar. La forma, aunque disgustara a
algunos, era pertinente desde el punto de vista de la transparencia y de la
publicidad de los actos de la administración pública.
Sin embargo, desde las plataformas digitales,
centenares o quizás miles de personas le dieron a aquello un giro morboso,
reduciéndolo a un espectáculo grotesco en el que los señalamientos y las
capturas de los imputados eran celebradas con un júbilo delirante como el de
los aficionados que gozan con la estética de los regates y goles de Lamine
Yamal.
Cuando nos olvidamos de la naturaleza de un
proceso judicial y permitimos que las emociones nos gobiernen, cometemos el
error de prescindir de lo importante y ponderar lo insignificante. En esa
lógica, quienes celebraron los Jueves de CICIG en la época de Aldana
acabaron padeciendo el Halcón Caído de los tiempos de Porras.
La búsqueda de justicia, en consecuencia, pasó
a un segundo plano y su lugar fue ocupado por la banalización del método
científico.
Curruchiche
y unos cuantos fiscales más, en colusión con otros tantos jueces y magistrados,
usaron las instituciones para mercar e impartir venganza, no justicia. Y en el
sobreseimiento y clausura de casos de alto impacto como los documentados por
Del Cid y Figueroa en este y en tres libros anteriores, la percepción
generalizada es que se trató de transacciones de beneficio mutuo.
El daño al sistema judicial guatemalteco
probablemente se logre reparar dentro de algunas décadas, pero jamás la vida o
la salud que perdieron padres, hijos o hermanos de las víctimas de la
persecución y criminalización de la Fiscal de la Impunidad.
No es lo mismo el sufrimiento de un culpable
que el de un inocente, porque el primero tiene al menos el alivio de la
autocrítica.
[*] Epílogo del libro Consuelo Porras La Fiscal de la Impunidad, de Marvin Del Cid y Sonny Figueroa.
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