Vaya usted a saber por qué los equipos de comunicación del gobierno de Bernardo Arévalo son tan inocentes como indolentes.
Sabedores de que las estructuras criminales que mantienen cautivo el sistema judicial guatemalteco no darían tregua a la administración que por obra y gracia del esfuerzo colectivo liderado por los 48 Cantones de Totonicapán y respaldado desde el exilio por las víctimas de aquellas estructuras pudo por fin instalarse la madrugada del 15 de enero de 2024, no entendemos por qué un asunto como el seguro por daños a terceros desató un desorden descomunal.
En el capitalismo, los seres humanos son parte de las mercancías que se pueden vender o rentar según los precios del mercado y no vemos por qué la gente no se escandaliza cuando, por ejemplo, los colegios e institutos le cobran a los padres de familia cuotas adicionales por seguros escolares que en la mayoría de veces ni siquiera se llega a determinar la certeza de los mismos.
Algo parecido ocurre con los seguros que las compañías telefónicas cobran a los usuarios cuando contratan un servicio o compran un aparato telefónico móvil.
En la mayoría de maquilas y centros de llamadas se ha convertido en una regla y no en una excepción el descuento de un seguro médico a los trabajadores(as) en la red de hospitales privados que en la práctica nadie utiliza debido a que casi a nadie le dan permiso para ir a chequeo médico si no es algo de vida o muerte.
Los bancos del sistema, por su parte, cobran igualmente un seguro por las tarjetas de crédito o débito que emiten y no se ve que la gente se emplace frente a las agencias para quejarse.
Y paremos aquí porque el tiempo apremia y los ejemplos abundan.
Al menos una cuarta parte de propietarios de vehículos automotores dispone ya de un seguro como lógica respuesta al peligro cierto e inminente de los robos que acontecen a diario.
Pero esta vez el seguro en discordia era uno con características singulares, pues se trataba de que cada chofer asumiera la responsabilidad personal en caso de un evento en el que terceras personas resultaran agraviadas en algún percance vial. Es más, la obligación de contratarlo quedó establecida en una ley de 1996; es decir, de hace casi tres décadas.
No obstante, los equipos de comunicación gubernamentales fueron incapaces de hacer ver a la población que las pólizas tendrían como objetivo obligar a los propietarios de carros, camionetas, camiones y motos a asumir su responsabilidad y hacerse cargo de los daños causados a otras personas y que a la vez las cuotas mensuales oscilaban entre los Q30 y Q270 según el tipo de vehículo y modelo, cantidades realmente menores a los Q300 que millones de guatemaltecos(as) gastan al mes en billetes de una lotería que jamás ganarán, porque el azar prescinde de tonterías.
Al mismo tiempo, bueno hubiera sido explicar a la gente el mecanismo de aquellos contratos que si bien deberían de ser administrados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y no por los usureros y agiotistas, no representaba en realidad un desembolso oneroso como desvergonzadamente los diputados opositores lo hicieron ver a sabiendas de que la desinformación les era útil en tanto desviaba la atención sobre dos temas coyunturales verdaderamente preocupantes: El aumento salarial a los diputados y la negativa del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala a juramentar a los nuevos directivos que fueron elegidos democráticamente.
Los medios de comunicación, por su parte, jugaron, consciente o inconscientemente, a favor de las estructuras criminales que impelieron las acciones de bloqueo y las reyertas contra las fuerzas de seguridad al posicionar en la mente de los de por sí ignorantes ciudadanos el estribillo del "pago del seguro obligatorio" que funcionó como petate de muerto que infundió pánico principalmente entre quienes ni siquiera cuentan con un caballito de palo para trasladarse de la iglesia a la cantina o del parque al mercado.
Al caso fallido de la separación de la basura se suma ahora el del seguro en el que de nuevo el gobierno de Arévalo acaba reculando, ojalá para tomar aire y volver más fuerte, pero por lo visto regresará por otra paliza si no es que antes lo destituye la Corte de Constitucionalidad (CC) por desobedecer una de sus exhortativas.
¡INRI!
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