Texto: Godo de Medeiros | Fotografía: www.fotofrontera.com
Por más que intentemos observar buenas maneras y expresarnos con cierto decoro, las conductas de la Fiscal General y de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y Corte Suprema de Justicia (CSJ) no lo permiten. Y es entonces cuando al hacer el recuento de los daños provocados por estos funcionarios nos encontramos con que lo peor quizás no sea que se pasaran la Constitución Política de la República por el arco del triunfo (es decir, por el culo) sino que producto de su constante chingadera han abandonado el país personas honorables y otras tantas permanecen bajo un asedio judicial y psicológico constantes, lo que devino en un acelerado deterioro de la salud mental de un porcentaje considerable de la población guatemalteca.
El nivel de perversidad de quienes están al frente de las instituciones mencionadas llegó a su máxima expresión desde el momento en que coludidos fiscales, magistrados y jueces convirtieron en negocio los casos judiciales de alto impacto, hicieron de la prisión un juego de venganza para ejercer sadismo en contra de quienes simplemente les caen mal y transformaron en un circo macabro la acción deliberada de postergar las audiencias en los juzgados simplemente para seguir alargando los días de cárcel de personas inocentes.
Toda esta brutalidad es una burla para el sistema internacional de derechos humanos del que Guatemala forma parte. Y es una seria, real y probada amenaza a la paz, la seguridad, la justicia y la armonía social que debería de prevalecer en un estado con aspiraciones democráticas.
No sería justo censurar el proceder apacible y sensato del gobierno de Bernardo Arévalo, quien está tratando de hacer las cosas de una manera correcta y sin violentar la legalidad, pero debemos de advertirle que legalidad ya no existe ni mucho menos Estado de Derecho desde el momento en que se perpetuaron los anteriores magistrados de la CSJ, así como la manera en que fue integrada la actual CC y no digamos la forma fraudulenta como fue impuesta la Fiscal General para repetir en el cargo.
Ante esta desgraciada realidad, Arévalo tendrá que hacer dos cosas: la primera, si tanto le interesan las buenas maneras, echar mano de los artículos constitucionales 182 y 183 y hacer cumplir la Constitución y las leyes que los oscuros personajes han violado reiteradamente, lo cual encaja en el Artículo 387 del Código Penal; la segunda, pedir opinión al pueblo sobre si está de acuerdo o no en que aquellos psicópatas sigan en sus cargos haciendo con el derecho y las leyes lo que les ronca la gana y chingando a medio mundo entre risa y risa.
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