Texto: Godo de Medeiros | Fotografía: www.bancodeimagenesgratis.com
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social denunció hace semanas una práctica común de la burocracia guatemalteca que consiste en perjudicar deliberadamente a ciertos oferentes en beneficio de aquellos que han financiado campañas políticas o que pagan coimas para obtener contratos cuyos montos desproporcionados en relación con los costos reales de los productos que venden o los servicios que dan al Estado les han permitido amasar grandes fortunas a quienes lo hacen por primera vez o incrementar las que tienen en el caso de los viejos zorros que medran con los dineros públicos.
El hecho denunciado se refería a unos registros sanitarios que debido a la corrupción no fueron otorgados a una compañía con el objetivo de beneficiar a los representantes de un producto farmacéutico, pero en realidad esto ocurre con cualquier producto o servicio en virtud de que la misma Ley de Compras y Contrataciones del Estado permite este tipo de prácticas que encajan en el denominado monopolio que la propia Constitución Política de la República prohíbe.
Alguien cuya identidad a la fecha ignoramos acuñó aquella célebre frase según la cual una vez se crea la ley, automáticamente se crea la trampa que no solamente puede evidenciarse con la citada ley sino con el infame sistema de adquisiciones electrónicas conocido como Guatecompras, cuyos creadores lo diseñaron para privilegiar a las grandes compañías que le venden al Estado medicamentos, insumos y materiales hospitalarios; combustibles y asfaltos, así como servicios de telefonía y alquiler de edificios para las oficinas de las instituciones gubernamentales.
Lo anterior ocurre dentro de una alianza público-privada de hecho que durante décadas ha favorecido a los empresarios antes que al Estado que tiene bajo su responsabilidad garantizar a la población no solo la vida sino el acceso al trabajo, a la educación, la salud y el desarrollo, lo que se traduce en el bienestar tan anhelado y tan claramente postulado en el texto constitucional.
Producto de estas alianzas público-privadas son el Banco Industrial, fundado con recursos públicos, y el suplemento nutricional Incaparina, resultante de inversiones e investigaciones financiadas por el Estado, que dicho sea de paso es de algún modo condueño también de las universidades privadas existentes en el país, en tanto contribuye con aquellas proporcionándoles terrenos para sus campus centrales y sedes regionales a la vez que les inyecta mensualmente millonarias sumas de dinero por medio de la exoneración de impuestos y arbitrios, entre otras ventajas.
Sin tomar en cuenta aspectos como los arriba mencionados, una Ley de Competencia difícilmente tenga sentido mientras no se plantee acabar con los monopolios, los privilegios y la corrupción manifiesta en los pagos bajo la mesa o coimas, así como ante el hecho de que el Estado, al haber sido desmantelado por Ramiro de León Carpio (el presidente que le quitó al Banco de Guatemala la potestad de financiar al Estado) y Álvaro Arzú Irigoyen (quien vendió las empresas públicas), recupere el rol protagónico que tuvo, por ejemplo, entre los años 1944 y 1954 en que despuntó la infraestructura mínima para el desarrollo de la educación, sin la cual es impensable la mano de obra calificada, y la tutela de los derechos laborales y la cobertura social para la masa de trabajadores que es la que al final de cuentas hará verdaderamente competitivo el mercado de bienes y servicios.
Publicar un comentario