Ley para reglamentar la usura

 

Texto y fotografía: Godo de Medeiros

Sumida en la pobreza y en la ignorancia sempiternas, la mayoría de la población ha aplaudido sin recelar la aprobación de la Ley de Tarjetas de Crédito que regulará las relaciones entre emisores y usuarios, lo que no es más que la aceptación implícita de la usura, prohibida constitucionalmente y establecida como delito en el Código Penal.

Lo que en realidad necesitamos, además de procurar emplear al 78% de personas adultas actualmente sin trabajo, es equiparar los salarios del sector privado con los de la administración pública que en no pocos casos llegan incluso a los Q150 mil mensuales por actividades de limpieza, secretariales o de gerencia o dirección.

Los pactos colectivos de condiciones de trabajo del sector público mediante los cuales los burócratas han logrado mejorar generosamente sus ingresos son los del Banco de Guatemala (Banguat), la Superintendencia de Bancos (SIB), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Organismo Judicial (OJ) y el Organismo Legislativo (OL), donde un salario mínimo supera los Q18 mil mensuales, lo que juega en contra de quienes carecen de ingresos fijos o de quienes los tienen de manera exigua, pues gracias a ello se produce la injusta e impune especulación de precios de la comida, la ropa, el calzado y los alquileres.

Adicionalmente, algunos trabajadores estatales son beneficiados con la dotación de prendas de vestir, computadoras portátiles, teléfonos celulares, clínicas médicas, periodos vacacionales de 60 días hábiles, horarios flexibles y el derecho de plazas vitalicias para familiares o cónyuges, entre otros estímulos que no tienen, por ejemplo, trabajadores estatales de Salud Pública y Educación, en donde los salarios ni siquiera llegan al mínimo (las enfermeras y las maestras ganan entre Q1,125 y Q1,310 mensuales, más bonos con los que en algunos casos ajustan tal vez Q2,725).

Si la administración pública trata con decoro a su personal, justo sería que motivara al sector privado para hacer lo mismo con su masa de asalariados, de tal suerte que un repartidor de bebidas carbonatadas, por ejemplo, bien merecería, por su esfuerzo de más de ocho horas diarias bien trabajadas, devengar no menos de los Q18 mil mensuales que gana el trabajador más infeliz de un organismo de Estado.

De igual manera, la administración pública debería de prestar unos servicios de salud ejemplares, al igual que la educación, sin cobrarle un solo centavo a los usuarios, hombres y mujeres, niños y adultos, pues para eso se pagan impuestos y en lugar de tener una doble partida presupuestaria con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) debería de ser un solo ente rector de los servicios de salud y productor además de medicamentos e insumos médicos que en Guatemala son más caros que en África, en donde ni siquiera se consiguen.

Al mismo tiempo, el Estado debería de promover las industrias de fabricación de todo aquel aparato indispensable para el uso familiar en los hogares, como las estufas, las refrigeradoras, las lavadoras y, ¿por qué no?, los automóviles, tan necesarios en el día a día, de tal suerte que cualquier persona pueda tener acceso a los mismos sin mayores sobresaltos económicos como ocurre en China y aún en Japón.

En esencia, lo que este país necesita no son agiotistas o usureros sino tener acceso a educación y salud, así como al consumo de alimentos a precios accesibles al igual que los aparatos como los arriba mencionados que le faciliten la existencia, de modo que la tarjeta de crédito sea lo último en lo que debería de pensar un ser humano, pues un salario digno, una educación de buen nivel que incluya aspectos de economía y administración, así como una red eficiente y abundante de servicios de salud preventiva (los gimnasios ayudarían mucho en ello) bastarían para no dejarse seducir por ese salvaje y manipulador sistema de endeudamiento por consumo banal.

Lo que necesitamos, pues, es combatir la especulación de los precios, vigilar a los embaucadores y educar a la población sobre las implicaciones del endeudamiento, así como aumentar los salarios para que cada trabajador pueda cubrir sus necesidades vitales sin recurrir a los agiotistas.