Texto y fotografía: Godo de Medeiros
Excepto por la trágica realidad de que la administración de justicia y la persecución penal en Guatemala continúan bajo la administración de los financistas de la Fundación contra el Terrorismo, el rostro del país se ve menos atribulado en estos primeros 27 días del gobierno encabezado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, empezando por el hecho mismo de que tras haber sido prácticamente proscrita la figura del Vicepresidente de la República los últimos cuatro años hoy ese cargo ha vuelto a ser visible, además de que la cultura de la guarida de delincuentes sufrió un revés al haber sido retiradas las talanqueras frente a la Casa Presidencial y al Palacio Nacional, y también los batallones de policías que acordonaron los alrededores del Congreso.
En cuatro semanas, la diferencia entre la administración anterior y la actual se ha vuelto diametralmente opuesta en lo que toca a la información oficial, no digamos en lo relacionado con un tema tan frecuentemente eludido como la rendición de cuentas y, sobre todo, la voluntad política de querer hacer las cosas de la manera más correcta posible.
Los cambios en la dirección de Aeronáutica Civil, la revisión de contratos en obras de infraestructura y de extracción de minerales, así como la cancelación de un seguro escolar que a todas luces fue contratado para drenar las arcas públicas constituyen no solamente acciones necesarias sino a la vez una bocanada de oxígeno para una desconfiada y pesimista población acostumbrada a quejarse por todo (con razones de sobra, hay que admitirlo), pero expectante siempre a que otros actúen contra los males que nos afectan a todos.
La promesa de reestructurar el sistema de cárceles y la creación de una unidad policial para combatir las extorsiones abonan a esa percepción optimista de círculos virtuales para quienes el rumbo del gobierno es el correcto hasta ahora, a pesar de la amenaza cierta e inminente de Consuelo Porras y de Roberto Molina Barreto, los vicealmirantes de las fuerzas oscurantistas que continuarán intentando consumar el Golpe de Estado que malogró (hay que decirlo con toda justicia) la osadía de la junta directiva de los 48 Cantones liderada por Luis Pacheco.
Si bien el equilibrio de fuerzas se inclina por ahora a favor del gobierno y de las fuerzas sociales que facilitaron la toma de posesión del binomio Arévalo-Herrera, está claro en el horizonte que el Ministerio Público (MP) y la Corte de Constitucionalidad (CC) constituyen las células cancerígenas que pueden traerse abajo un Estado que el voto de las juventudes rescató de la sala de cuidados intensivos en que lo dejaron Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
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