Texto Godo de Medeiros | Ilustración: El toro y el cóndor, Oswaldo Guayasamín
Nadie pone en duda la caballerosidad y el desenvolvimiento sensato mostrado hasta ahora por el presidente Bernardo Arévalo respecto a la permanencia de la señora Consuelo Porras en la jefatura del Ministerio Público (MP), pero en el ambiente se respira la sensación de que la fiscal general le está ganando el combate en nombre de los intereses de las organizaciones criminales que desde el Organismo Judicial (OJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC) han hecho lo que se les ha dado la gana con las leyes y la propia Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG).
El mismo nombramiento de Porras para un segundo mandato al frente del MP fue un desacato a la CPRG por cuanto los magistrados de la CC, irrespetando lo dispuesto por los comisionados postulantes, intervinieron para que se la incluyera obligatoriamente en la nómina que sería enviada al entonces presidente Alejandro Giammattei tras haber quedado al margen por no llenar los requisitos ni tener las calidades requeridas para el puesto.
Claro está, los propios magistrados constitucionales fueron nombrados como producto de procesos ilegales luego de quebrantar el orden constitucional, separando, por ejemplo, a Gloria Porras y admitiendo en su lugar a un magistrado representante de la Universidad de San Carlos (USAC) nombrado por un Consejo Superior Universitarios (CSU) incompleto, ilegal e ilegítimo.
Por si fuera poco, los magistrados de la alta corte irrespetaron la CPRG al subordinar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) al capricho del juez Fredy Orellana, a quien le confirieron potestades para usar leyes ordinarias por encima de una de orden constitucional, como la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), en el caso del Movimiento Semilla, pero sobre todo autorizaron al MP y a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) a cometer delitos crueles y degradantes en contra de las exfiscales Samari Gómez y Virginia Laparra, por mencionar solamente dos casos.
Tiempo y espacio nos hacen falta para enumerar las decenas de resoluciones de la actual CC violatorias de la CPRG en las que ha prevalecido la orientación política antes que el basamento jurídico, de tal suerte que en los últimos tres años hemos vivido prácticamente en un orden constitucional roto en el que la mala voluntad y el rencor se convirtieron en fuentes de derecho.
Y si la CC ha cometido monstruosas inconstitucionalidades, no menos aberrante resulta el proceder del MP de la señora Porras.
Solo elPeriódico y el medio electrónico Vox Populi documentaron entre 2020 y 2023 al menos 70 casos de corrupción de alto impacto en los que se vieron inmiscuidos diputados, magistrados y obviamente la pareja presidencial conformada por Miguel Martínez y Alejandro Giammattei, pero ninguno, incluido el de la compra de las vacunas Sputnik V, mereció siquiera la atención del ente responsable de la persecución penal en Guatemala.
En contrapartida, el MP destruyó elPeriódico, desmanteló las fiscalías clave para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, le dio la espalda al pueblo que esperaba ver tras las rejas a los responsables de vaciar las arcas públicas y le negó el acceso a la justicia a millares de compatriotas al desestimar sus denuncias.
Con estos antecedentes, Bernardo Arévalo tiene ante sí los argumentos a favor para poner un hasta aquí a Consuelo Porras antes de que sea demasiado tarde. Su investidura es la del jefe de la nación, el representante de la unidad nacional y en nombre de esa unidad es preciso que corrija aquello que la amenaza o la pone en peligro, siendo el caso en la coyuntura actual el de los magistrados de la CC y el de la fiscal general.
Si Arévalo pierde el combate lo perderemos todos y entonces nada habrá valido la pena.
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