Texto Godo de Medeiros | Imagen cortesía de @carbonvivo
Tal vez ya no sea la cólera por haber perdido la presidencia ni la envidia y el rencor porque la ganó un partido de jóvenes profesionales de clase media, sino la imposibilidad de seguir enriqueciéndose ilegalmente con ese 32% del presupuesto destinado a la inversión y al pago de la deuda púbica lo que mantiene iracundo a ese reducido pero poderoso grupo de empresarios, políticos y funcionarios judiciales que intentará recuperar la gallina de los huevos de oro conspirando contra el gobierno de Bernardo Arévalo que cumple sus primeras dos semanas en plena guerra legal.
La Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP) son las piezas de artillería de este intratable ejército que le ganó la primera batalla al mandatario al defenestrar la junta directiva del Congreso de la República liderada por Samuel Pérez mediante un hecho a todas luces ilegal e inconstitucional, pues no constituyen fuentes de derecho la mala voluntad y la ira de la junta directiva de la comisión permanente que declaró independientes a los diputados del Movimiento Semilla previo a la juramentación de la décima legislatura.
Un segundo enfrentamiento en torno a la renuncia o destitución de la fiscal general Consuelo Porras lo tendría aparentemente a su favor aquella tropa invisible cuyo mariscal de campo es ese beligerante personaje de redes sociales denominado ¡Yes, Master! o @__VaderGT, especialista en técnicas de terror psicológico y en desinformación y que según diversas fuentes sería un grupo de abogados y comunicadores que opera coordinada y disciplinadamente desde oficinas de organismos e instituciones estatales con su centro de operaciones en la sede principal del MP.
Tras una nueva decisión política de los magistrados de la CC en contra del bloque parlamentario del Movimiento Semilla, a cuyos diputados(as) prácticamente les vedan el derecho a ser parte de la directiva y de presidir comisiones de trabajo, el pesimismo comienza a desmantelar la moral ciudadana que al cabo de estas dos semanas ha estado por lo alto gracias a la acción trascendental de retirar las talanqueras del frontispicio de Casa Presidencial y de Palacio Nacional, algo que la gente interpretó de inmediato como un gesto de un gobierno que no tiene nada que esconder y que por vez primera en décadas le devuelve al pueblo esa sensación de libertad y de acercamiento con sus más altas autoridades.
Sin embargo, el mayor logro de aquella decisión quizás lo constituya el haber disminuido considerablemente el estrés, la angustia y la impotencia ciudadana que generaron las traumáticas administraciones de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
Y si bien es cierto que algunos de los ministros elegidos por Bernardo Arévalo y Karin Herrera han comenzado a desentrañar los últimos manotazos a las finanzas públicas del gobierno anterior, algo en lo que indudablemente es cómplice la fiscal general por no haber investigado pese a la abundancia de denuncias que incluso ha estimulado la publicación de libros, es eso justamente lo que ha dado origen a la orden perentoria del "¡fuego a discreción!" con la cual los sediciosos parapetados tras la cuenta de netcenter han llamado a cerrar filas a la CC, al Organismo Judicial (OJ) y Corte Suprema de Justicia (CSJ), además de los grupos parlamentarios Valor-Unionista y Vamos, entre otros, tratando de forzar a funcionarios y diputados oficialistas a abandonar la idea de "escarbar" el legado de Morales y Giammattei.
En el horizonte, o más bien a centímetros de sus narices, el gobierno tiene a la vez la amenaza de cierto sindicalismo que olvidó la sangre derramada y las luchas denodadas de la clase trabajadora de otros tiempos para convertirse en peón de intereses mezquinos que acabaron convirtiendo la figura de la dirigencia sindical en simple tramitadora de privilegios individuales.
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