Un gobierno de fontanería


Por Godo de Medeiros | Imagen: Captada en video de usuario @BArevalodeLeon 

Las palabras que pronunció en noviembre pasado en la Plaza de la Constitución frente a sus simpatizantes fueron estas: "A partir de enero, los cuatro pueblos, todos los sectores, vamos a trabajar en paz y en armonía para construir un país justo y solidario, donde los únicos que no van a caber son los corruptos, los violentos y los autoritarios".


Bernardo Arévalo lleva sobre los hombros una responsabilidad que no tuvieron los diez presidentes que le antecedieron de 1986 a la fecha. Y es que el hijo de quien fuera apreciado, al igual que Jacobo Arbenz, como el mejor presidente de Guatemala en toda la historia, tendrá como primer desafío devolverle la fe a los habitantes de este país en todos los sentidos: desde la fe en que hay fuerzas superiores que controlan nuestras energías hasta la fe en que podemos vivir con decoro sin volvernos corruptos o causarle daño a otros.


Desde la invasión española, pero sobre todo a partir de la época de la Independencia, la corrupción fue la vía admitida para amasar fortuna mediante el robo de tierras a los pueblos originarios, la explotación excesiva de los trabajadores y la creación de leyes para proteger aquellas prácticas, favoreciendo los intereses de clanes familiares vinculados a la agroindustria, el comercio y el agiotaje (lo que hoy es la poderosa banca guatemalteca) y dando paso a los nefastos monopolios que mantienen cautiva la economía y la política en desmedro del desarrollo.


En las últimas cuatro décadas, ciertamente, el país muestra un dinámico progreso, mas no un creciente desarrollo. Las remesas que nos llegan de compatriotas que la violencia y el latrocinio han expulsado ascienden a US$21 mil 927 millones anuales, cantidad por encima de las reservas monetarios internacionales que alcanzan los US$21 mil 270 millones y bastante más arriba que el propio presupuesto general de la Nación, que es de unos US$16 mil 500 millones, según datos de las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat).


Si bien en 1985 una asamblea nacional constituyente cerró el ciclo de las dictaduras militares y la firma de los acuerdos de paz en 1996 generó expectativas de cambios estructurales, es precisamente en el gobierno de Álvaro Arzú cuando el Estado es desmantelado y en el siguiente gobierno, el de Alfonso Portillo, lo poco que quedó nos fue arrebatado por el crimen organizado que hoy controla los poderes estatales.


En consecuencia, poco ayudan los fanáticos en redes sociales que sin estar informados se han dado a las tareas de generar falsas expectativas de cambios inmediatos tras el cambio de mando el próximo domingo. Arévalo no tiene una varita mágica sino un reto enorme por delante y sería bueno que la población entienda y se haga a la idea de una vez por todas que de este gobierno solo se esperará, cuando mucho, unas tres o cuatro acciones concretas que no obstante harán la diferencia según nuestros cálculos más optimistas. 


Lo primero que Arévalo podría hacer es meterse en el traje de fontanero y empezar a destapar las tuberías para sacar la bosta acumulada en tantos años con las herramientas que la ley le permite, comenzando en el Ministerio Público, lo que le daría prestigio y respaldo inmediato de la comunidad internacional, y continuando en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Banguat y la Procuraduría General de la Nación, el brazo jurídico del Estado.


Tomando en cuenta que los migrantes son actores principales en la dinámica económica, sería deseable que fueran creadas las condiciones para que un porcentaje de las remesas se utilice en la materialización de infraestructura que apuntale una real y honesta Ley de Competencia que mejore la oferta incluso para la compra de viviendas dignas y apertura de nuevos bancos fuera del enfoque usurero y voraz.


Un decidido cambio en los procesos de contrataciones de personal y de compras será necesario para que se ponderen las capacidades por encima del compadrazgo y que todas los empresarios, de pequeños a grandes, puedan proveer al Estado con transparencia y calidad. En una palabra, "cerrar los grifos" de los negocios apalabrados desde las mismas bases de licitación.


A sabiendas de que todo es imposible para quien no lo intenta, idealmente la reforma educativa no solo debe centrarse en la actualización de contenidos sino en la modernización de la infraestructura, con acceso a gimnasios y tecnologías de última generación, con lo que se apuntalaría una inmensurable inversión en la salud del futuro.

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