Por Godo de Medeiros /Imagen: Tomada de la cuenta RICIG en X
Cuando en agosto de 2017 el entonces alcalde de la Ciudad de Guatemala llamó a un cierre de filas a las estructuras perseguidas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con su desafortunada frase "yo firmé la paz, pero también puedo hacer la guerra" no estaba consciente quizás del daño que le causaría al sistema judicial guatemalteco y a la democracia en la que alguna vez confió.
Con la aquiescencia de monseñor Nicolas Thevenin ―a quien Álvaro Arzú Escobar, en calidad de presidente del Congreso de la República, condecoraría en 2019―, aquel grito de guerra fue la señal para que en mayo 2018 fuera nombrada Consuelo Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), comenzando así el desmantelamiento de la lucha contra los criminales que han impedido el desarrollo y la paz en Guatemala.
Aquel matrimonio por conveniencia bendecido por el expresidente guatemalteco que el 29 de diciembre de 1996 había firmado la paz con la insurgencia engendró, con sutileza, un plan perverso, colocando al frente de los organismo e instituciones de Estado a un grupo de mujeres para que las acciones más despiadadas contra ciertas personas no tuvieran el impacto negativo clásico del déspota, del tirano, del dictador, del hombre fuerte y firme.
Fue así como la propia Porras y luego su subalterna Cinthia Monterroso en el MP encabezarían al grupo de mujeres fuertes y firmes que se comportarían como el eje del mal o la fuerza oscura de la justicia: Silvia Valdés, en el Organismo Judicial (OJ); Dina Ochoa, en la Corte de Constitucionalidad (CC) y Shirley Rivera, en el Organismo Legislativo (OJ).
Con el apoyo de un eficiente equipo de mercenarios cibernéticos (mercibers), el desbaratamiento de la CICIG fue acompañado con operaciones psicológicas socorridas por el viejo truco de la "amenaza del comunismo", bajo el cual se perfiló en el bando de los malos a los buenos y viceversa. Con esto, las elites perseguidas por corruptas y criminales justificaron no solamente la sevicia contras las mujeres sino a la vez destruyeron los pocos avances que se estaban logrando en el sistema judicial, restituyendo el soborno y el saqueo de los recursos públicos como prácticas lícitas y convirtiéndolas en la aspiración de muchos estudiantes de derecho que buscan convertirse en millonarios hacéndose jueces o fiscales.
La propia exfiscal general Thelma Aldana fue inhabilitada para participar como candidata presidencial en 2019, el año en que comenzó "la revancha" del llamado Pacto de Mafias y que habría de marcar la consumación de un sistema judicial guatemalteco convertido en el primero en el mundo decididamente misógino y extorsivo, en el que una por cada cinco mil mujeres guatemaltecas mayores de edad ha sido hostigada laboralmente, obligada a callar, puesta en prisión u obligada a exiliarse.
La actividad procesal defectuosa es la norma y ya no se respeta el derecho de defensa y debida audiencia. La tutela judicial efectiva perdió vigencia.
El encono de las funcionarias de la fuerza oscura de la justicia hizo que abandonaran el país, entre otras profesionales del derecho, Thelma Aldana, Claudia Escobar, Erika Aifán, Gloria Porras y María Eugenia Morales; también la militante del Movimiento Semilla, Cinthya Rojas; a la vez, varias periodistas están exiliadas, siendo algunas Julia Corado, Melisa Rabanales y quien acaso sea uno de los referentes clave en el derrumbamiento del Golpe de Estado que intentó el Pacto de Mafias: la corresponsal Michelle Mendoza.
Las capturas y encarcelamiento de las exmandatarias de la CICIG Leily Santizo y Claudia González, de las exfiscales de Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Xiomara Sosa , Samari Gómez y Virginia Laparra, así como de la joven Marcela Blanco, constituyen una prueba irrefutable de ese carácter misógino y extorsivo del sistema judicial de Guatemala con sus protagonistas masculinos: Lesther Castellanos y Rafael Curruchiche (este último, usado convenientemente para generar animadversión hacia los pueblos indígenas).
Castellanos es responsable de que Virginia Laparra, pese a que una cámara penal ordenó que fuera puesta en libertad, esté siendo víctima de las peores prácticas procesales jamás vistas en el país, motivadas por el capricho de aquél, cuya cobardía premiaron nombrándolo, sarcásticamente, Relator contra la Tortura y otros Tratos Crueles y Degradantes.
Curruchiche, por su parte, llevó su odio y maldad a límites insospechados al cebarse contra Samari Gómez y Marcela Blanco, también por capricho y por el desasosiego que le seguirá provocando el sentirse inferior a ellas profesional y éticamente.
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