Por Godo de Medeiros /Imagen: Gobierno de Guatemala
Pronto lo olvidará el pueblo y seguramente se mudará a vivir a la hacienda de San Lucas Sacatepéquez para pasar sus últimos años junto a Miguel Martínez, el joven porfiado que hizo de la política en Guatemala el medio para sacar de la pobreza a familiares y allegados a la velocidad de la luz.
De Alejandro Giammattei pocos se acordarán después del 14 de enero de 2024. Ni siquiera lo recordarán, acaso para maldecirlo, los familiares de las miles de personas que murieron por el pánico y quizás también por el contagio del coronavirus, pero sobre todo por la falta de una atención médica diligente en los peores momentos de la pandemia.
Miguel Martínez y Alejandro Giammattei están a pocos días de ser olvidados para siempre. Nadie hablará más de ellos en las redes sociales ni en las pláticas de bares y cafés. Los habrán olvidado de inmediato una vez abandonen la Casa Presidencial y las oficinas del Palacio Nacional de la Cultura.
Nadie se acordará que fueron ellos quienes prepararon las condiciones para que Sandra Torres y Manuel Conde o Zury Ríos pasaran al balotaje luego de las elecciones generales del 25 de junio pasado, pero que a última hora, y pese a disponer de 220 alcaldes y 22 gobernadores departamentales para movilizar votantes, las cosas no salieron como deseaban.
Tras contar con el apoyo de todos los partidos representados en el Congreso de la República en 2020, Martínez y Giammattei tuvieron a su disposición Q14 mil millones en bonos, préstamos y readecuaciones presupuestarias para supuestamente enfrentar la pandemia por Covid-19, además de millones de dosis de vacunas que donaron los países desarrollados.
¿En qué se usaron entonces esos Q14 mil millones?
Debido al pésimo cálculo de sus consejeros políticos y asesores en propaganda y mercadeo, Martínez y Giammattei vieron cómo un colero de las encuestas como Bernardo Arévalo se les colaba hasta la cocina y entonces movilizaron a jueces y magistrados, a fiscales y mercibers, en derredor de un Golpe de Estado, malogrado tenazmente por los 48 Cantones.
La última carta para no rendir cuentas de los Q14 mil millones fue asegurar con trancas y candados un presupuesto público en el que incluyeron coimas por cobrar por casi Q35 mil millones en tres rubros: a) pago pactado de deudas atrasadas, b) publicidad y relaciones públicas convenidas con medios de comunicación y c) asignaciones a ONG de diputados no reelectos.
Otra vez, el pésimo error de cálculo le jugó la vuelta a la pareja presidencial, porque la Corte de Constitucionalidad, que sirve a sus intereses y también a los del grupo Valor-Unionista que tiene a cargo la judicialización en el engranaje golpista, no tiene excusa razonable para no declarar inconstitucional ese presupuesto aprobado con el voto concurrente de 60 de los 96 parlamentarios no reelectos dueños de las ONG a las que ellos mismos asignaron al menos Q1 mil 300 millones.
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