La despiadada persecución en contra del Movimiento Semilla pareciera no tener nada que ver con una aparente falsificación de firmas de afiliados o inclusión de personas fallecidas en los listados de adhesión ni con lavado de dinero sino con una exudación de odio que en el último siglo solo se ha visto en Guatemala en los periodos de la Primavera Democrática (1944-1954), del conflicto armado interno (1960-1996) y esta vez.
La guerra legal, tan ampliamente socorrida en varios países del mundo, no es un asunto de derecho o de justicia sino la voluntad del opresor convertida en ley. Ni más ni menos, la ley aplicada selectivamente.
En Guatemala no existe partido político alguno de los actualmente inscritos que no tenga ese problema en los listados de adhesiones, pero el responsable de hallar errores y mandar su corrección es el Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Si el Movimiento Semilla pudo participar en las elecciones de 2019 fue porque el TSE validó su papelería (y punto). Y al haber participado en estos comicios de 2023 se ratificó la autenticidad de su partida de nacimiento o personalidad jurídica (y punto).
Ahora bien, los problemas con las adhesiones, que como hemos dicho alcanza a la totalidad de organizaciones políticas, se deben en primer lugar a la existencia de numerosas personas no calificadas que se empeñan en la labor de recolección de firmas que luego facilitan o venden a los comités pro formación de partidos políticos para llenar uno de los requisitos más aberrantes de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP): el 2% del total de empadronados, lo que significaría casi 25 mil rúbricas de personas que ni siquiera votan por el partido al que acaban afiliándose.
En esta lógica, la democracia resulta antidemocrática en virtud de que convierte en un bocado dulce la constitución de un partido político para unos pocos y en un trago amargo para el resto.
Desde que Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, los fiscales de la Feci que impelieron el posicionamiento de un discurso descalificador contra el Movimiento Semilla, haciéndolo parecer un partido político fraudulento, de inmediato se activaron en redes sociales decenas de campañas calumniosas por parte de fanáticos de todo tipo y con el común denominador de señalar a la organización de pretender imponer el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el comunismo según el cual le quitará a la gente hasta los malos gustos para distribuirlos equitativamente a lo mejor en bolsas solidarias y en bonos en efectivo.
Se trata de una campaña despiadada e inmoral para infundir terror en un electorado que si bien no es estúpido para creer semejantes mentiras, al menos se comporta dócil frente al discurso manipulador de su jefe, patrón o guía espiritual.
Con todo, los análisis en el umbral de agosto arrojan un resultado adverso para los inversionistas o financistas de las campañas de desinformación que lejos de afectar la imagen del binomio Bernardo Arévalo-Karin Herrera le ha generado simpatías incluso en regiones del país en donde el arevalismo es ahora un fenómeno cultural imparable.
No está demás recordar que en Guatemala han causado daños irreparable las violaciones intrafamiliares o incestuosas hacia niñas y niños, los embarazos en niñas y adolescentes mediante violaciones o malicia y aquellos que se producen por falta de una educación sexual que ha negado a las mujeres el derecho a conocer aspectos biológicos inherentes a su cuerpo; daños psicológicos irreversibles provocados por los asesinatos, las extorsiones, las amenazas y los robos del día a día que no obstante ser ampliamente difundidos ni siquiera han merecido una campaña para su erradicación ni tampoco parecen ser amenazas reales a la paz social para los escandalizados empresarios, políticos y líderes religiosos que medran con los discursos de odio e intolerancia contra quienes no representan ningún peligro.
En síntesis, lo que estamos viviendo es el aviso de lo que sería un gobierno de Bernardo Arévalo, a quien pretenden arrebatar el Movimiento Semilla para que sus diputados trabajen como independientes, sin derecho a formar una junta directiva en acuerdo con diputados decentes de otras agrupaciones no alineadas al oficialismo, así como la no integración de comisiones de trabajo que les permitirían incluso contratar asesores para la inmensa tarea que tendrán promoviendo leyes de bienestar social.
A la vez, la guerra legal pretende, en un acto digno de delincuentes, robarle los recursos de la deuda política que los 653,486 votantes le dieron legítimamente en las urnas.
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