Por Godo de Medeiros
Hará once días que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorizó a los partidos políticos derrochar dinero y estolideces en una campaña que acabará el próximo 25 de junio con las primera elecciones generales ilegítimas desde que Vinicio Cerezo inauguró en 1986 la transición de gobiernos militares a civiles.
Al ritmo de mariachis, el TSE abrió de ese modo una subasta para Zury Ríos o Sandra Torres (las dos mujeres y un camino).
A menos de que Estados Unidos intervenga en las próximas semanas como tercero afectado, nada parece evitar la continuidad de gobiernos descaradamente corruptos y criminales, en una transición que para desgracia del pueblo iría de abundante a demasiado.
Desde que la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) declaró que el pecado original de la democracia guatemalteca estaba en el financiamiento electoral ilícito, los involucrados en ese negocio cerraron filas alrededor de dos propósitos: sacar de inmediato a la misión y configurar un nuevo Estado sobre bases fundamentalistas (El camino).
Impelidos por el "yo firmé la paz, pero puedo hacer la guerra" del entonces alcalde Álvaro Arzú, estructuras criminales bajo posible investigación y los empresarios Felipe Bosch, Guillermo Castillo, Herbert González, Ramiro Castillo, Stefano Olivero, José Miguel Torrebiarte, Salvador Paiz y Fraterno Vila se abocaron en 2018 apalancando a Jimmy Morales para apoyarse en Donald Trump y Benjamín Netanyahu, así como en las influyentes iglesias evangélicas pentecostales, para lograr aquellos fines.
El éxito fue rotundo.
Y aunque en 2022 el exembajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen MacFarland, dijera al periódico La Hora que la elite guatemalteca "(...) se equivocó profundamente, al dejarse seducir por un proyecto que prometía deshacer la justicia independiente, y al sumarse a la supuesta defensa de la soberanía contra Estados Unidos", lejos de meditar aquellas palabras para corregir El camino, tomaron mayor impulso.
Nada ocurre por casualidad.
La implantación en los años setenta y ochenta del siglo pasado de los misioneros evangélicos pentecostales en las áreas rurales de Guatemala y la cooptación del magisterio nacional en el marco del conflicto armado interno se explican ahora en el desafortunado hecho de ser una población despolitizada, ignara e indiferente.
De acuerdo con la periodista Inna Afinogenova, los evangélicos pentecostales alcanzan un 20% en América Latina y constituyen los aliados estratégicos de los grupos conservadores para la masificación de contenidos, especialmente los que van en contra de los derechos a la educación y preferencia sexuales, las demandas de las mujeres y de los pueblos originarios.
Y ante un analfabetismo que según cifras divulgadas por la periodista Andrea Domínguez en su cuenta de Twitter asciende al 30% de la población guatemalteca empadronada, las condiciones para que no ocurran cambios a través de las urnas están servidas otra vez.
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