Por Godo de Medeiros /Ilustración: Wallpaperbetter
Dos transgresiones ha sufrido el sistema político y económico criminal instituido en Guatemala a partir de la Independencia de 1821: Las revoluciones de 1871 y 1944, que nos heredaron la educación laica, las leyes laborales y la seguridad social, que han logrado sobrevivir milagrosamente.
Demasiada sangre ha corrido debajo de aquellos puentes que intentaron conectar al país con la modernidad, con el desarrollo científico, social y económico que no ha sido posible construir por la tozudez de una elite que afincó su modo de vida en la apropiación indebida, la ignorancia de las masas y la explotación implacable de las mismas.
Y pese al experimento democratizador inaugurado en 1985 con una renovada Constitución e instituciones que prometían una rectificación frente a los excesos del pasado, como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el Ministerio Público (MP), la avaricia ilimitada de aquella elite anacrónica acabó pervirtiendo el ejercicio fundamental para lograr las transformaciones sociales: la política.
Fue a la sombra de esa elite representada en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), y ahora en el G8 (las familias más ricas), en que surgió la figura del operador político o cabildero, que ha tenido en Alfredo Moreno Molina, Roberto López Villatoro, Gustavo Alejos Cámbara, Allan Rodríguez y Miguel Martínez Morales a las caras visibles de los corruptores que desacreditaron a los propios partidos políticos y desmantelaron a aquellas jóvenes instituciones.
Consuelo Porras Argueta es fruto de esas componendas.
Terca y codiciosa como pocas mujeres de su edad, desbarató las fiscalías clave dentro del MP para el combate de las estructuras criminales responsables de la banalización del Estado: los saqueadores de las finanzas públicas y quienes legalizan esos hechos desde los tribunales.
El grotesco espectáculo exhibido ayer por los representantes de la Fiscal General retrata cabalmente la ruina moral de este país: la legalidad y la ética son despreciadas dentro de la institución responsable de la persecución penal.
En dos siglos, Guatemala sigue teniendo las mismas cifras de miseria y analfabetismo, y no pasamos de producir y exportar postres (banano, café y azúcar), además de cervezas y licores, porque la industrialización fue convenientemente sustituida por las importaciones, el rubro más importante de negocios de los empresarios locales, lo que explica por qué hoy parte de esa elite no teme a las sanciones económicas internacionales que puedan surgir a raíz de su descarada defensa de la corrupción y la impunidad.
La infraestructura pública se programa y se presupuesta cada año y nunca se ejecutan las obras (¿a dónde va a parar todo ese dinero?). Las carreteras continúan en mal estado y la infraestructura pública destinada a la enseñanza y a la asistencia sanitaria, en su mayoría, tiene los mismos niveles de insalubridad que las cárceles.
La desaparición de unos Q11 mil millones programados para enfrentar la pandemia por Covid-19 y de al menos Q3 mil millones del presupuesto de este año, junto con un aparente ofrecimiento de "dejar libre" ciertos territorios de la nación a carteles transnacionales todavía no legalizados para la siembra, procesamiento y exportación de productos de alboroto, habrían sido los motivos para tratar de anular los resultados de las elecciones celebradas el 25 de junio y el 20 de agosto pasados y en las que resultó ganador un binomio que ni siquiera los optimistas más pachangueros se habrían imaginado.
¡Fatal error de cálculo de la elite corrupta!
Fue tal la desesperación por cumplir las órdenes de quienes habrían desaparecido aquellos dineros y negociado los territorios que las elites debieron montar un espectáculo grotesco mediante el cual no probaron un fraude electoral sino su propia maldad y desfachatez.
Hoy, la señora Porras Argueta no tiene otra opción que salir a dar la cara extendiendo disculpas al pueblo de Guatemala y presentando su renuncia inmediata junto a los funcionarios que la representaron en el acto más vergonzoso de toda la historia de un Ministerio Público que al pueblo honrado solamente le infunde pánico.
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