Por Godo de Medeiros / Imagen: captura de video Plaza Pública
En marzo de 1983, el Consejo de Estado decretó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dotándolo de un carácter permanente y autónomo, no supeditado a ninguna autoridad, creando a la vez las leyes del Registro de Ciudadanos y la de Organizaciones Políticas como marco fundamental para el posterior desarrollo de la democracia participativa en Guatemala que dio lugar a la creación de la Asamblea Nacional Constituyente que aprobó la Constitución Política de la República vigente.
Después de aquello vendrían las elecciones generales que ganaría arrolladoramente el democristiano Vinicio Cerezo Arévalo en 1985, acabando con décadas de regímenes militares y de fraudes electorales. Las expectativas por alcanzar por fin los anhelados cambios estructurales, no obstante, fueron aniquiladas un año y medio después de que Cerezo Arévalo tomara posesión.
Un complot organizado por la Cámara de la Libre Empresa, dirigida entonces por el empresario Juan Luis Bosch, contra la Reforma Tributaria propuesta por el gobierno recién inaugurado sentó las bases para que en adelante el propio ejercicio de la política fuera criminalizado, creando al mismo tiempo un fuerte estímulo para la proliferación de diversos grupos delincuenciales en las propias oficinas estatales, ante todo en las aduanas.
Hasta las organizaciones sindicales sacarían provecho de aquella conjura contra el Gobierno, convirtiendo la democracia en una orgía y las empresas estatales en un botín, lo que años más tarde utilizaría como excusa el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000) para desmantelar el Estado mediante la privatización de activos estratégicos para cualquier país que pretenda desarrollarse: la electrificación y las telecomunicaciones.
Pero el fantasma de la conspiración de la otrora Cámara de la Libre Empresa volvería por sus fueros durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera (2000-2004), acaso el que mejor le cumplió a sus electores, pero el que habría de sucumbir a la embestida de los depredadores Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs) que sentarían las bases de la Guatemala de hoy.
Los sucesivos gobiernos de Óscar Berger Perdomo (2004-2008), Álvaro Colom Caballeros (2008-2012), Otto Pérez Molina (2012-2015), Alejandro Maldonado Aguirre (2015-2016), Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y Alejandro Giammattei Falla (2020-2024) permitieron finalmente que el Estado fuera cooptado por aquellos Ciacs contra los que el Estado de Guatemala firmó con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2007 el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que doce años después sería saboteada por la elite empresarial a la que parece no incomodarle la corrupción y el atraso socioeconómico que ello implica con su nefasta secuela de impunidad.
En dos décadas, los Ciacs lograron que centenares de miles de compatriotas migraran hacia Estados Unidos en busca de una solvencia económica y una paz social que aquí no existe; destruyeron la infraestructura hospitalaria y educativa, además de las carreteras, debido a la institucionalización de los sobornos y la mediocridad empresarial; han hecho quebrar empresas, especialmente medianas y pequeñas, a causa de las extorsiones y la inoperancia de los cuerpos de inteligencia de las fuerzas de seguridad.
A lo anterior podríamos agregar otros logros del crimen organizado en detrimento del pueblo, pero el que creemos preocupante es el terror de Estado puesto en práctica a raíz del triunfo de Bernardo Arévalo de León, quien en campaña ofreció "cerrar los chorros" que han servido para desfalcar las finanzas públicas e impulsar reformas en salud y educación, cuestiones que han puesto nerviosos a los Ciacs que hoy se regocijan, por ejemplo, porque existan diputados como Douglas Rivero, quien con total desfachatez prácticamente anuló cualquier validez que pudo tener el resultado de la comisión pesquisidora que integró el Congreso de la República para despojar la inmunidad a los magistrados del TSE por la compra de un sistema informático al asumir de consejero de una de las partes involucradas en el proceso de investigación.
Otro caso paradigmático de la lamentable situación a la que como país hemos llegado en materia de formación de profesionales lo constituye la acusación del fiscal Saúl Sánchez en el caso de los seis rehenes acusados de impeler la toma de la Universidad de San Carlos como consecuencia de una elección fraudulenta de rector. En su comparecencia ante el juez Víctor Cruz, el representante del Ministerio Público dio una cátedra de cómo no debe presentarse un caso y de cómo la persecución penal y la aplicación de la justicia dan la impresión de haber sido convertidas en herramientas de venganza personal.
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