Por Godo de Medeiros | Fotografía: Cortesía de Lourdes Lou
Consuelo
Porras, la obstinada funcionaria que tiene sus patas sobre las colas de la pareja
presidencial, los magistrados de las cortes y el tribunal electoral, representa el poder real en momentos en que pareciera consolidarse la
dictadura del latrocinio y a la sociedad guatemalteca no nos queda otra salida que resistir en las calles para
evitar que acaben arrebatándonos, incluso, la propia dignidad.
Nos encontramos a media mañana de este 12 de octubre, día en que se cumplen 531 años del arribo
al continente americano de las embarcaciones de los invasores españoles, y el hombre que tiene el micrófono en la mano evoca, como
si lo hubiera leído alguna vez, el libro de la Historia universal de la
infamia, de aquel Jorge Luis Borges que predijo el advenimiento de la Internet
y atisbó el uso implacable de la desinformación en las redes sociales mucho
antes de que estas aparecieran.
La
multitud escucha al hombre con gentileza. Y mientras unos aplauden, otros hacen
sonar las vuvuzelas que nos recuerdan a Nelson Mandela confortando a un
acongojado Asamoah Gyan horas después de fallar el penalti decisivo con el
que la selección de Ghana pudo haber saboreado la gloria de las semifinales del
mundial de futbol Sudáfrica 2010. El carismático líder que batalló contra el
apartheid recordó entonces que las derrotas son una circunstancia y que lo
importante o trascendental está dentro de nosotros, en nuestros corazones, en
la determinación de entregarnos sin reservas a luchar por aquello que valoramos
justo.
El sol abrasa con relativa intensidad.
Detrás
del hombre ayuno de carnes y de piel curtida por las faenas a brazo partido en
la batalla diaria por el jornal, hay un cartel con las
imágenes de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Fredy Orellana y Cinthia
Monterroso, los denominados Jinetes del Apocalipsis, responsables de la
indignación ciudadana que no ha tenido más remedio que bloquear calles y carreteras en rechazo al descaro y la avaricia que se
acentuaron en abril de 2022 cuando la Corte de Constitucionalidad, que no tiene
como funciones intervenir para imponer funcionarios públicos, obligó, bajo
advertencias, a la comisión de postulación de Fiscal General para
que incluyera a Porras en la nómina de seis aspirantes al cargo a fin de que
Alejandro Giammattei la ratificara para un segundo mandato. ¡Una maniobra
totalmente cínica e ilegítima!
Las
palabras de aquel indígena campesino conmueven por su sencillez y sinceridad.
No existe en ellas la bazofia del discurso político hipócrita o manipulador ni mucho menos las ambigüedades de las resoluciones de los magistrados constitucionales.
En Guatemala, ocho familias detentan el 90% de la riqueza que genera el trabajo de millones de hombres y mujeres dentro y fuera del país; las remesas de dólares que envía la población migrante, principalmente desde Estados Unidos, representa la tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB); casi el 90% del presupuesto estatal sirve para pagar rentas, servicios y salarios de una burocracia contratada mediante tráfico de influencias en su mayoría y no por probada capacidad.
Cerca del 75% de la población en capacidad productiva está desempleada o subsiste de trabajos temporales o de transacciones de mercancías de mano en mano. El salario mínimo fijado por la ley es casi tres veces inferior al costo de la canasta de alimentos (Q3,416.00 versus Q8,603.00). Los precios de los alquileres para vivienda y locales comerciales son desproporcionados y provocan constantemente los traslados de domicilio y el cierre de pequeños negocios, porque no hay una ley que proteja a la ciudadanía de los abusos de los rentistas.
A la vez, la falta de legislación permite que
abusiva y constantemente se produzcan aumentos injustificados en los precios del
gas propano, los combustibles y los productos esenciales para comer y beber. Y
en lugar de detener las alzas, el gobierno ha subsidiado a
las grandes empresas, permitiendo una infame especulación de precios que
reducen el poder adquisitivo.
Los
aplausos y el resonar de vuvuzelas constituyen la señal inequívoca de aprobación
hacia el modesto orador que agradece a su audiencia: "De todo corazón, les
decimos gracias por el apoyo que nos han dado [en el campamento frente al Ministerio Público]. Nosotros estamos aquí aportando nuestra presencia y nuestro tiempo
en esta lucha y gracias a ustedes no nos ha faltado nada".
La
organización 48 Cantones de Totonicapán permanece acampada desde hace quince
días frente a las instalaciones del Ministerio Público, cuya jefa, impuesta por
magistrados constitucionales a solicitud de Miguel Martínez, pareja del mandatario, mandó a colocar rejas metálicas en un acto que
semiológicamente denota que detrás de ellas se esconden bandidos, forajidos
u otra clase de criminales. Es la tónica del anterior y del actual gobierno:
colocar talanqueras para obstruir el acceso a los edificios públicos. Algo temen, algo
deben. Las rejas remiten a la idea de cárceles, a la idea de que detrás de las mismas se
resguardan asesinos, estafadores o ladrones.
Es casi
mediodía y Giammattei ha pospuesto para las 15:00 horas una reunión con
dirigentes de las autoridades ancestrales. Al caer la tarde sabremos que aquel encuentro solo ha servido para que el mandatario se burle nuevamente de la buena voluntad de las autoridades ancestrales que han exhibido una sabiduría conmovedora.
La
Constitución Política de la República permite al Presidente destituir a la
Fiscal General, según el Artículo 251, que es superior por jerarquía al 14 de la Ley Orgánica
del Ministerio Público. Esto es claro y no hace falta más discusión. La resistencia ciudadana es un derecho otorgado por el artículo 45.
"Si Consuelo Porras renuncia, se levantan los bloqueos de inmediato" dice el disertante con su voz serena y limpia como el azul de los cielos.
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